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El estudio de la ONU abre la puerta para un mejor entendimiento de esta problemática. En primer lugar, casi medio millón de personas fue asesinado en el año 2010 en todo el orbe. El 31% de estas muertes se produjo en las Américas, es decir 144,000 homicidios que colocan a nuestro continente sólo detrás de África (36%). Pero son las tasas las que muestran la cara más dura de esta realidad: el promedio mundial de 6.9 crímenes por cada 100,000 habitantes es casi tres veces menor que la tasa de África (17) y la de las Américas (16).

Si sólo se consideran Centroamérica (donde el informe incluye a México), Sudamérica y el Caribe, la tasa regional es superior a 20 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Teniendo en cuenta que en la región los procesos de enfrentamiento armado, rebeliones u otros hechos violentos sociales y políticos están muy limitados, se podría decir que, comparada con países de desarrollo humano similar, América Latina está bañada de sangre.

El estudio pone especial énfasis en la disponibilidad de armas como disparador de los homicidios en el globo. De hecho, 42% del total de muertes se produjeron por esa vía. Lamentablemente en las Américas los números son aún más críticos, con 74% de los casos con involucramiento de armas de fuego.

Queda claro que la presencia de mercados formales o ilegales de armas deben ser los principales blancos de las políticas de prevención y control del delito violento en nuestros países.

El motivo de los homicidios es una incógnita. La mala calidad de la información y la presencia de diversas fuentes no permiten identificar con claridad este elemento. Se estima, sin embargo, que 25% del total de asesinatos en las Américas estaría vinculado con el crimen organizado. Es decir alrededor de 32,000 homicidios por año, lo que parece subestimado cuando la Presidencia de México entrega un dato de más de 13,000 ejecutados en el año 2010 sin considerar los 1,800 muertos en otros enfrentamientos. Igualmente las cifras son trágicas, pero es posible que no sean totalmente correctas.

La realidad de los sistemas de información en la región es precaria. Así lo demuestra el estudio mencionado, en el que las tasas de homicidio presentadas por los servicios de salud y las instituciones de justicia criminal difieren en algunos casos de forma asombrosa. ¿Qué pasa que nuestros países no pueden llevar los datos de crímenes de forma fiable? Ésta es una demostración más de las profundas debilidades estatales, que terminan generando políticas a ciegas que sólo impactan de manera tangencial sobre el problema.

Mirados en términos subregionales, está claro que los conflictos de homicidio se han concentrado en Centroamérica, con tasas que son ya de urgencia como Honduras (82), El Salvador (66), Guatemala (41). Recordemos que el promedio mundial es de 6.9, es decir, estamos hablando de verdaderas situaciones de conflictividad cotidiana que sin albergan raíces sociales, culturales y políticas con efectos insospechados para toda la región.

México, mencionado en los medios de comunicación internacional como el centro del problema de la violencia, aparece en el estudio con una tasa de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes. Menor que Panamá (21), Brasil (22) y Colombia (33), por sólo nombrar algunos países.  Es ahí donde el documento deja abierta la pregunta de los niveles de concentración territorial y donde se hace evidente que hablar en promedios ayuda a esconder realidades de alta complejidad.

No podemos seguir hablando de los muertos como hace unos años se hablaba de la inflación. Dejar atrás los números aproximados, el uso ligero de las cifras y la poca rigurosidad de los datos deberían ser una de las tareas principales de los gobiernos y la cooperación internacional. Conformar una sociedad democrática requiere disminuir el uso de la violencia para resolver antagonismos cotidianos, limitar el desarrollo de acciones delictivas y dejar clara la responsabilidad del Estados frente a los problemas que nos aquejan.

Por consiguiente sólo podemos afirmar, tristemente, que estamos entre los más violentos del mundo. La urgencia, es avanzar con información clara que respalde políticas serias y efectivas. De otra forma, la epidemia seguirá aumentando con secuelas insospechadas para todos.

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Los ecosistemas prosperan a través de un fascinante proceso que se centra en la interacción coordinada de muchas partes simples para crear un todo más complejo. ¿Cómo se diseña un sistema complejo que sea lo más adaptativo posible? La naturaleza exhibe sistemas inteligentes adaptativos que responden eficientemente al cambio, a través de un proceso que en inglés se llama “emergence”.

De igual forma, las empresas pueden modelar sistemas de adaptación mediante el fortalecimiento de lazos de retroalimentación. Un ejemplo clásico es el de la empresa Brasilera, Semco, pionero en la interpretación moderna de la democracia industrial. La cultura abierta y comunicativa, con responsabilidad compartida, que se desarrollo en Semco no solo lo protegió contra los desafíos económicos de los 80, sino también facilitó un crecimiento de 4 a 212 millones de dólares en 20 años. La estructura de Semco además abrió las puertas a nuevas ideas e iniciativas, permitiéndole adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos en el mundo.

Entre los efectos del desarrollo tecnológico se destaca una creciente facilidad en las comunicaciones, y de alta importancia: la transparencia. La capacidad informática, tanto como la de almacenamiento de datos se duplica cada 2 años, y el ancho de banda de internet aumenta en 50% anual. Esta aceleración informática sirve para transparentar lo bueno y lo malo, y al mismo tiempo ofrece todo lo necesario para mantener lazos de retroalimentación en un mundo complejo.

Por ejemplo, académicos de la universidad de Duke que estudian la deforestación Amazónica tienen acceso a imágenes satélites que demuestran el impacto negativo del alza en el precio de oro. Estiman que la deforestación en la región de Madre de Dios en Perú ha multiplicado 6 veces en los últimos años. Otro estudio reciente revela que el restaurante que adquiere una estrella en el sitio web ‘Yelp’ aumenta ventas entre 5 y 9%. Ambos muestran las consecuencias de un mundo de mayor conectividad y oportunidades.

El caso de deforestación seguramente tiene mucho mas que ver con el sector informal, pero igual presenta una oportunidad para el sector formal de ser proactivo en desarrollar soluciones. Abriendo la discusión e incentivando la creatividad, una empresa minera puede aprovechar del concepto de la democracia industrial para buscar soluciones. El caso de Yelp se aplica principalmente a restaurantes y hoteles, pero no estamos lejos del día en que aprovechara de estas redes para destacar información sobre la sostenibilidad de empresas y sus productos.

Un ecosistema saludable exhibe lazos de retroalimentación sumamente integrados y gracias a eso se definen por ciclos sin desperdicio. La empresa inteligente quiere emular este concepto en todo sentido posible. Por lo tanto, adicionales herramientas claves para diseñar una empresa adaptativa son: hacer un análisis completo de ciclo de vida, definir una visión para el futuro, (tanto sostenible, como ojala, restaurativo), y emulando las interacciones complejas y resilientes de la biodiversidad de la naturaleza, incorporar el concepto unificador de impacto colectivo para crear con éxito programas de extensión con un impacto duradero.

La mayor rapidez de las comunicaciones, la utilización de tecnología y el desarrollo de una ciudadanía más activa pone en jaque a las empresas que deben actuar de forma proactiva, con visión de largo plazo y sostenibilidad como concepto clave de desarrollo. La sostenibilidad (social y medioambiental) es un enfoque imprescindible para la estrategia de desarrollo de cualquier empresa. En el Perú el modelo de desarrollo centrado en la exportación de recursos naturales impone desafíos más urgentes para la generación de una estrategia de desarrollo de largo plazo. Los aprendizajes de los ecosistemas abren muchas ventanas de conocimiento que deben ser tomadas en serio por la sociedad en su conjunto y el mundo de los negocios.

La situación es lamentable, la muerte de cualquier persona es una tragedia que enluta al país.

En el medio de una polarización poco útil donde los discursos altisonantes han marcado la hora, la familia del joven ha demostrado calidad cívica y sin duda altos niveles de responsabilidad.  No ha pasado lo mismo con las instituciones y el mundo político.

La seguridad pública no es cualquier servicio  o bien que entrega el Estado. El monopolio del uso legítimo de la fuerza es una base clave del Estado de Derecho.

Múltiples son los hechos que durante la dictadura militar demuestran la necesidad de fortalecer las capacidades profesionales de la policía pero consolidando el liderazgo civil. Es en este punto donde hay una confusión en nuestro debate.

La policía tiene autonomía profesional para definir las mejores estrategias tácticas a ser utilizadas, la cantidad de personal para ser enviado a una determinada tarea e incluso  los sistemas de evaluación interna.

Pero las decisiones políticas recaen en el gobierno. La forma de cómo se responde, los niveles de fuerza permitidos, las directrices directas de actuación, entre otras deben emanar del Ministerio encargado de la seguridad pública. Para evitar que ante problemas de corte político se diluyan las responsabilidades.

En este caso los errores son múltiples y en algunos casos no tienen excusa.

En primer lugar la institución policial no puede, ni debe comunicar por los medios si creen que tienen o no responsabilidad en el hecho. Al hacerlo deberían tener la autorización explícita del Ministro o Subsecretario para justamente evaluar las consecuencias políticas de dicha declaración.

Si esto no sucedió, es decir si Carabineros decidió sólo comunicar que no tenían vinculación alguna con este caso,  las responsabilidades institucionales son evidentes y se requieren  cambios profundos en la concepción misma de su papel en la generación de comunicación.

Si esto ocurrió, es decir si se consultó al Ministerio del Interior y se dio la aprobación para estas declaraciones se deben buscar responsables claros y consecuencias para una acción que además de totalmente inadecuada es engañosa.

En segundo lugar,  una vez encontrada la declaración de un supuesto involucrado se entrega una información que demuestra serios problemas en el accionar policial en el día de los hechos.

Aparece como preocupante que se explicite que el carabinero involucrado utiliza el arma pública, coloca munición personal, no avisa de su participación y todo eso ocurre sin que nadie más lo vea.

¿Ningún testigo institucional que permita rápidamente identificar que algo pasó?

¿Dónde están los canales de control?

¿Dónde comienzan y terminan las responsabilidades profesionales de orden?

Todas estas interrogantes abren un espacio para las teorías conspirativas que poco beneficio traen a la democracia. Por ende,  las respuestas son urgentes. Sin respuestas no hay liderazgo que merezca mantenerse.

Finalmente,  la ya tradicional respuesta institucional de dar de baja, pasar a retiro o separar a los funcionarios no es suficiente.

En el pasado esta sola acción generaba una sensación de solución que muchas veces no tenia siquiera seguimiento. En el Chile de la disconformidad y de la búsqueda de una mayor participación ciudadana,  el hilo debería dejar de cortarse por lo más delgado y se torna clave la necesidad de respuestas institucionales y políticas a la altura de la tragedia ocurrida.

Es ridículo pensar que cuando un funcionario actúa de forma valerosa y proactiva es un reconocimiento institucional y cuando comete un delito vistiendo uniforme y disparando un arma estatal es un hecho individual.

La política debe estar a la altura de la tragedia también.

El Ministro del Interior es el encargado del orden público y por tanto  tiene una clara responsabilidad sobre los niveles de uso de la fuerza utilizados durante las movilizaciones, los espacios de diálogo abiertos y la altisonancia de muchas de sus declaraciones que trataron de apagar el fuego con bencina.

En este caso pedir su renuncia no es un camino que aporte en mucho. Si es por apremios ilegales, uso de la fuerza y otras actitudes complicadas que se han documentado insistentemente en el sur del país serían muchos los ministros que podrían haber pasados por la misma situación.

Una nueva política en Chile requiere de poner los verdaderos temas en la agenda… sólo algunos urgentes… fin de la justicia militar para los casos policiales, disminución del uso de la fuerza para hechos de orden público que requieren de soluciones políticas,  investigación a fondo de los procedimientos de uso de armas, municiones y operaciones policiales en este tipo de eventos.

Identificación clara y expedita de los niveles de mando en las tareas policiales y directa subordinación en las tareas de comunicación estratégica.

Policía profesional y responsabilidad política son dos elementos claves para tener una estrategia de seguridad ciudadana así como acciones de control del orden público efectivas, eficaces y justas. No hay otro camino alternativo y al parecer en este caso la ciudadanía seguirá persistiendo en castigar a los culpables del homicidio, definir las responsabilidades al interior de la institución y del gobierno.